Objetivo recuperación: una apuesta por el sistema alimentario (y IV)
Una vez analizado lo que, a día de hoy, conocemos sobre las ayudas previstas para modernizar el sector alimentario, es momento de abordar las particularidades legislativas asociadas a la gestión y buen uso de los fondos europeos contenidos en el mecanismo Next Generation EU. Con esta reflexión concluimos esta serie de artículos.
Según el Gobierno de España, estos fondos se ejecutarán respetando la distribución de competencias de los diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con las formas de gasto definidas en el ordenamiento jurídico de las administraciones públicas. Es decir, se ejecutarán por tanto a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes ministerios, comunidades autónomas y en algunos casos, ayuntamientos, que está previsto que aparezcan a partir del segundo trimestre de 2021 y al menos hasta el final de 2023, una vez ratificado por parte de la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recientemente presentado por el Ejecutivo.
Acceso a las ayudas
También está prevista, tras la luz verde de Bruselas, la creación de un portal web del citado Plan gubernamental con el fin de centralizar y canalizar toda la información sobre el mismo destinada a todos los interesados en acceder a los fondos. Como refuerzo a esta iniciativa, cabe destacar la iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al crear la plataforma digital CEOExEuropa, donde ya es posible acceder a un servicio de alertas que recoge todas las licitaciones de contratos públicos y las convocatorias de subvenciones con cargo a sus presupuestos y a fondos europeos ordinarios de todo el sector público español, a la espera de incorporar las que se pongan en marcha dentro de Next Generation EU.
La participación de la propia CEOE y de todos los agentes económicos en la elaboración de las acciones oficiales definidas en el Plan, 212 entre inversiones y reformas, ha sido crucial. Uno de los mecanismos habilitados para dicho propósito han sido las manifestaciones de interés. Los diferentes ministerios las están lanzando dependiendo de los sectores y temas, con el objetivo de co-diseñar los futuros instrumentos de ejecución de las ayudas. Las empresas pueden realizar sus aportaciones cumplimentando los formularios incluidos en las webs ministeriales.
Agilizar los recursos
Uno de los retos a los que se enfrenta nuestro país es lograr aprovechar las cuantiosas ayudas a fondo perdido y préstamos que llegarán de la UE, unos 140 mil millones de euros, y que no se pierdan por falta de ejecución. El Gobierno central ha acometido ya una reforma legal con el fin de agilizar la gestión de los fondos y garantizar que se utilicen de manera efectiva y transparente: el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La novedad normativa abunda en la eliminación de barreras administrativas clave, con el objeto de solventar los cuellos de botella que ralentizan la contratación y ejecución de proyectos. Asimismo, y con el fin de reducir plazos, se declaran de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén vinculados a la aplicación del Plan. Así mismo, se facilita los instrumentos de colaboración público-privada como la creación de consorcios o la ejecución de medidas a través de sociedades de economía mixta. Y es que la colaboración público-privada es uno de los puntos fuertes de la canalización de acciones de modernización de nuestra economía que se han propuesto.
Figura estrella: el PERTE
La propuesta estrella del Real Decreto-ley 36/2020 es la creación de los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, más conocidos por sus siglas, PERTE. Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía española, que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país.
Están concebidos, según destaca el Ejecutivo, como “un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española”.
Todas las entidades interesadas en un PERTE deberán suscribir una serie de normas comunes para su acreditación en el nuevo Registro estatal de entidades interesadas en esta figura, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los PERTE serán aprobados por el Consejo de Ministros a partir de criterios objetivos y transparentes. Además, aunque la figura del PERTE se crea en el marco del Plan de Recuperación, tiene vocación de permanencia e intención de superar su marco temporal. Estarán abiertos a todo tipo de empresas (tanto grandes como pymes y start-ups) que operen en el tipo de actividades y áreas donde se desarrollen. De hecho, el gran reto de esta apuesta de actuación es posibilitar la intervención de todo tipo de empresas, desde las más grandes a las pequeñas y medianas, sin olvidar la participación del sector de los autónomos.
¿El primer PERTE agroalimentario?
Aunque aún falta concretar todas las iniciativas conocidas, concreción que debe estar lista para el segundo semestre del ejercicio en curso, ya se han producido los primeros movimientos entre asociaciones empresariales, grandes corporaciones y las diferentes autoridades. En el sector primario, una de las primeras declaraciones de intereses conocida ha sido la denominada Ebro Food Valley. Liderada por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), pretende conseguir un sistema alimentario neutro de carbono para 2050. En un breve espacio de tiempo sabremos si esta u otras propuestas consiguen captar parte del dinero procedente de este segundo Plan Marshall que amenaza con transformar la economía productiva de este país.